La insolvencia no es un juego jurídico

Su finalidad es clara: permitir la reorganización de deudas sin vulnerar los derechos de los acreedores.

Sin embargo, cuando esta figura se utiliza de manera fraudulenta, no solo se distorsiona el sistema: se cometen faltas disciplinarias e incluso delitos.

Una reciente decisión disciplinaria evidenció un escenario preocupante: la construcción de escenarios ficticios de insolvencia mediante acreedores inexistentes o "acomodados", con el fin de manipular procesos judiciales y dilatar el pago de obligaciones reales.

No es un caso aislado por casualidad: la insolvencia es, por diseño, un mecanismo donde las mayorías de los acreedores deciden el resultado. Eso la vuelve atractiva para quien busca manipularla, porque alterar quién vota —y cuánto representa cada voto— puede cambiar por completo el acuerdo final sin que, a simple vista, el fraude sea evidente para un juez o un conciliador que revisa el expediente con prisa.

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Dos regímenes de insolvencia, un mismo riesgo de fraude

En Colombia conviven dos regímenes de insolvencia distintos, y el fraude puede aparecer en cualquiera de los dos:

En ambos casos el mecanismo de fondo es el mismo: inflar artificialmente el pasivo o fabricar acreedores para torcer el resultado del proceso a favor del deudor (o de quien controla el esquema), a costa de los acreedores reales.

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La "estrategia" que nunca debió existir

En el caso analizado por la jurisdicción disciplinaria, se detectó un esquema estructurado que incluía:

El objetivo era simple: alterar las mayorías dentro del proceso de insolvencia para imponer acuerdos de pago que perjudicaran a los acreedores reales.

Importante

Lo que algunos venden como una "estrategia jurídica" en realidad es algo muy diferente: una conducta que puede configurar fraude procesal y dar lugar a sanciones disciplinarias y penales.

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Señales de alerta: cómo reconocer un esquema de falsa insolvencia

No todo acreedor "inesperado" es fraudulento, y no toda demora en un proceso es sospechosa. Pero hay patrones que, combinados, deberían hacerte preguntar más antes de firmar cualquier cosa:

Ninguna de estas señales por sí sola prueba un fraude. Pero si varias aparecen juntas, lo responsable es pedir una segunda opinión antes de seguir adelante.

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El riesgo real: disciplinario, penal y procesal

Cuando un abogado diseña o participa en esquemas de esta naturaleza, las consecuencias pueden ser graves:

Riesgo disciplinario para el abogado

El Estatuto de la Abogacía exige actuar con lealtad, probidad y buena fe. Crear obligaciones inexistentes puede derivar en:

  • Suspensión del ejercicio profesional
  • Multas
  • Cancelación de la tarjeta profesional

Posibles consecuencias penales

Cuando se fabrican pruebas o se manipulan procesos judiciales, pueden configurarse delitos como:

  • Fraude procesal
  • Falsedad en documento
  • Concierto para delinquir

Y no solo para el abogado. También para el deudor que participa en el esquema y para los terceros que actúan como acreedores ficticios: prestar el nombre para simular una deuda no es un favor inofensivo, es exponerse a las mismas consecuencias penales.

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El mayor perjudicado: el propio deudor

Paradójicamente, quien busca una "salida fácil" termina peor.

Porque si el proceso se construye sobre irregularidades:

Es decir: después del fraude, la insolvencia sigue intacta y los problemas también. Y a los problemas originales se suma uno nuevo: haber participado, aunque sea sin plena conciencia del alcance, en una conducta que puede tener consecuencias penales propias.

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Qué hacer si te proponen este tipo de "estrategia"

Si estás en un proceso de insolvencia y algo de lo anterior te suena familiar, estos son pasos concretos:

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Qué pasa después de una decisión disciplinaria como esta

Cuando la jurisdicción disciplinaria sanciona a un abogado por un esquema de este tipo, la sanción al profesional no cierra el expediente. Normalmente abre otros frentes:

En otras palabras: una sanción disciplinaria rara vez es el final de la historia. Suele ser el primer hilo del que se empieza a desenredar todo lo demás.

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La verdadera estrategia jurídica

La insolvencia bien utilizada sí funciona. Pero requiere:

Un abogado serio no busca inventar deudas. Busca resolverlas.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la falsa insolvencia?
Es el uso fraudulento de la figura de insolvencia, donde se fabrican o alteran deudas para imponer acuerdos de pago que perjudican a los acreedores reales, una práctica que puede derivar en faltas disciplinarias y delitos.

¿Qué riesgos corre un abogado que participa en un esquema de falsa insolvencia?
Se expone a consecuencias disciplinarias (suspensión, multas, pérdida de la tarjeta profesional), penales (fraude procesal, falsedad en documento, concierto para delinquir) y procesales, ya que el trámite completo puede ser invalidado.

¿Quién resulta más perjudicado en un esquema de falsa insolvencia?
Paradójicamente, el propio deudor: si el proceso se construye sobre irregularidades, termina en una situación peor que la original, con las deudas intactas y un riesgo penal adicional sobre su cabeza.

¿Puede un acreedor ficticio o un "prestanombres" tener problemas legales?
Sí. Quien acepta figurar como acreedor de una deuda que no existe, o que no corresponde a una relación real, puede responder penalmente igual que quien diseñó el esquema, incluso si actuó como "favor" sin recibir nada a cambio.

¿Cómo sé si mi proceso de insolvencia es legítimo?
Todo acreedor incluido en tu proceso debe tener un soporte documental verificable: contrato, factura, pagaré u otro título. Si tu abogado incluye un acreedor sin mostrarte ese soporte, o te pide no indagar al respecto, pide una segunda opinión antes de continuar.

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En derecho, la creatividad jurídica es valiosa.
Pero la creatividad no puede convertirse en fraude.

Cuando una estrategia depende de simular obligaciones, manipular acreedores o engañar al sistema judicial, ya no estamos frente a una defensa legítima.

Estamos frente a un problema mucho más grande.

Por eso, si estás considerando un proceso de insolvencia, la recomendación es simple: asesórate con un profesional que realmente conozca el sistema y pueda protegerte en todos los frentes: jurídico, procesal y penal.

Porque en estos temas, una mala asesoría no solo no resuelve el problema… puede empeorarlo.

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Fuente: Magistrada sustanciadora Paulina Canosa Suárez · Decisión Sentencia Sancionatoria · Radicación 2022.05309.00 · Sala Ordinaria N.º 43 · Ley 1123 de 2007.